Domingo

Denuncia presentada ante el Diputado del Común

Señor Diputado del Común:

Los profesores y profesoras que firmamos el presente escrito, miembros del Claustro del IES Domingo Pérez Minik, nos dirigimos a usted para exponerle una situación que consideramos de la mayor gravedad y que afecta a los derechos de algunos de nuestros alumnos y alumnas, así como –estamos seguros– a los de muchos otros de diferentes Centros de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De hecho, en una reunión de Claustro celebrada con anterioridad, aprobamos y decidimos enviar a todos los demás Centros de Canarias un documento en el que analizábamos este mismo problema y anunciábamos el propósito de trasmitirlo a la institución que usted representa, y semanas después pudimos constatar que diversas instancias se habían hecho eco de nuestro planteamiento –en concreto, varios sindicatos, y también el Claustro y el Consejo Escolar del IES Antonio González González, cuyos integrantes manifestaron su adhesión unánime al texto remitido–, lo que nos confirma en la idea de que amplios sectores del profesorado comparten la preocupación por la situación que denunciamos.

Se trata del abandono al que se ven condenados, en el plano educativo y en el más amplio de su desarrollo integral, desde la salud a las expectativas sociales de todo tipo, unos niños y adolescentes que presentan problemas de conducta con profundas raíces de carácter familiar y a menudo de trastorno psicológico. La cuestión clave es que el tratamiento diseñado para ellos en los Departamentos de Orientación de los Centros no solo queda desnaturalizado por los ajustes que impone la falta de medios (la manifestación más escandalosa de esto es que, en función del número de horas disponibles de atención personalizada, alumnos que necesitan esa atención son asignados a aulas de currículo ordinario indiscriminadamente, en todas las horas restantes, como un puro relleno de jornada al margen de cualquier línea de tratamiento), sino que en algunos casos se salda con un fracaso completo, porque las necesidades específicas del muchacho han de abordarse con otra clase de fórmulas, y entonces, sencillamente, la Administración no ofrece alternativa alguna. Para todos estos casos, el único destino de los escolares es su desahuciamiento educativo y social.

A la primera dificultad grave, inabordable con los recursos insuficientemente especializados de un Centro de Secundaria ordinario, quedan desahuciados para siempre. Eso sí, de un modo nada ostensible, sin declaraciones expresas, en la penumbra: mientras que no se pone en juego ni un solo recurso adicional para reconducir su comportamiento y restablecer sus oportunidades de integración –recursos que pasarían por una adaptación a un sistema de normas hecha más desde la base, con alicientes adecuados a sus condiciones vitales de ese momento, en Centros de características específicas donde se desarrollase una etapa transitoria de su proceso educativo–, se despliega una fronda de artificios capaces de mantener el problema discretamente escondido a la opinión pública.

Tales artificios consisten en una variada gama de componendas para que el alumno muy conflictivo desaparezca distraídamente de las aulas: un poco escabulléndose por los pasillos, otro poco con dosis elevadas de absentismo, y el resto alternando ásperos altercados con expulsiones de varios días, a lo que hay que sumar el tiempo que se gana entre expedientes disciplinarios, sanciones de traslado a otro Centro y periodos muertos mientras se tramitan las sucesivas escalas de su peregrinación por varios institutos. Es la certeza inapelable de que la Administración está cerrada a cualquier posibilidad de solución verdadera lo que termina alentando a todas las partes –alumno, familia, educadores y autoridades– a una complicidad en el disimulo. Por extraño que pueda parecer, se logra que trascurran años enteros sin haber hecho frente a las necesidades de estos alumnos, sobrellevando la extorsión brutal que generan en la convivencia y el aprendizaje mientras su situación personal se va degradando de día en día, pero sin que el asunto llame demasiado la atención: el milagro de la invisibilidad tiene un solo secreto, que todos saben que los demás tampoco quieren ver.


Habría que distinguir a los alumnos con trastornos generalizados de desarrollo, que están atendidos en los Centros específicos o en las Aulas Enclave en los Centros ordinarios, dotados de recursos extraordinarios (cuidadores, profesores de Educación Especial), de otro sector de población, que creemos importante, de niños y adolescentes con diversos trastornos, como el trastorno por déficit de atención, trastornos disociales, trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria, etc. Estos últimos no se encuentran atendidos, existiendo un gran vacío en el diagnóstico y atención de los mismos.

La conducta perturbadora de este tipo de alumnos, desde el momento en que se incorporan al Centro, se caracteriza fundamentalmente por el desafío constante al cumplimiento de cualquier norma establecida, y prácticamente a cualquier indicación o sugerencia que se les haga; la actitud de desafío es casi invariable hacia todo lo que se pueda entender como autoridad. Cualquier propuesta de trabajo la consideran negativa y solo se logra que trabajen en algunos momentos, de forma puntual y efímera, en actividades propias del aprendizaje. Muestran una total inadecuación al contexto educativo de aula, que hace imposible la interacción docente en el aula ordinaria.

La inadaptación y desarraigo escolar de estos alumnos seguramente se ha consolidado por la falta de una adecuada escolarización. Parece que no han logrado adquirir mecanismos apropiados de relación social, lo que explicaría la conducta desafiante de que hacen permanente gala. Con frecuencia buscan la aceptación de sus iguales presentándose como capaces de enfrentarse a los adultos y a las normas establecidas, y ejercen, de esta manera, todas las funciones propias de un liderazgo negativo.

Es fácil comprender que, si un adolescente no atiende a ningún tipo de indicaciones de nadie en su instituto, se niega lo mismo a entrar en clase que a salir de ella o dejar de interrumpir el trabajo de los demás, se empeña en marcharse del Centro cuando le apetece, sin que se le pueda retener más que por la fuerza, y mientras tanto, deambula por los pasillos amenazando o insultando a quien se cruza con él, su integración en las actividades de su grupo de clase es una entelequia, y hablar de aplicar las medidas previstas de atención a la diversidad, un sarcasmo o una broma de gusto cínico.

Ni el sistema educativo, ni los servicios de protección social, ni la propia familia han podido garantizar la educación plena e integral de este tipo de alumnos en el régimen de escolarización ordinario. Continuar sin ofrecer alternativas para ellos, la postura que proporciona a la Administración más ahorro de recursos, es abocarlos a una situación de abandono escolar de hecho, de desescolarización –la mayor parte del calendario escolar o están expulsados o no asisten a clase– en medio de la hipocresía social y la pasividad de todas las instituciones responsables de la protección y garantía de los derechos de los menores. En una palabra, certifica el fracaso y el maltrato institucional en relación con los más vulnerables de la población socialmente excluida: los menores en situación de riesgo o desamparo.

Le agradecemos la atención que estamos seguros de que prestará a este asunto y que redundará, sin duda, en la mejor protección de los derechos de nuestros niños y jóvenes.

La Laguna, 21 de junio de 2006



(siguen 37 firmas)

Comunicación a la Consejería de Educación y Centros de Secundaria de nuestra intención de presentar denuncia ante el Diputado del Común

Denuncia ante el Diputado del Común
Sobre la imposibilidad de integrar a determinados alumnos en las aulas


El claustro de profesores del IES Domingo Pérez Minik desea informar a la comunidad educativa de nuestro Centro, a las comunidades de otros Centros y a las autoridades competentes, del proceso de reflexión, debate y posible adopción de medidas ante un grave problema, quizá de difícil solución por la irresponsabilidad e indiferencia con que se suelen abordar, frecuentemente, los problemas auténticamente humanos.

El origen del problema es la negativa rotunda e incomprensible de la Administración a reconocer la necesidad de fórmulas de escolarización alternativas (y casi siempre temporales) para alumnos que presentan, en una determinada etapa de su desarrollo personal, unas características incompatibles con su integración en el trabajo del aula –sea una de currículo normalizado o de atención a la diversidad– y aun en el marco de convivencia escolar de cualquier Centro ordinario.

No se trata de cuestionar la opción educativa de mantener en un espacio común de convivencia y aprendizaje a alumnos o alumnas con necesidades y aptitudes diferentes, incluso con comportamientos disruptivos, aplicando adaptaciones individuales que permitan a algunos chicos y chicas progresar a su propio ritmo en un entorno diverso e integrador. Esa opción es en sí misma discutible, por el considerable coste que supone en términos de la atención que se resta a la mayoría de alumnos y alumnas, el menor rendimiento de estos y en definitiva la pérdida de oportunidades para bastantes de ellos; pero sus inconvenientes son asumibles en aras del valor social de una educación compensatoria de las carencias familiares u otras dificultades específicas de unos niños y niñas que, en la escuela pública (o concertada, sostenida con fondos públicos), encuentran la posibilidad de normalizar su situación desfavorecida, para acceder a un futuro en igualdad de condiciones con aquellos que no han precisado de un esfuerzo añadido de la sociedad y de ellos mismos.

Lo que carece de sentido es que esa política de integración en un modelo escolar único, básicamente uniforme a pesar de ciertas modulaciones, se instrumente sin límite alguno, sin contemplar excepciones de ninguna clase, sean cuales sean el perfil del alumno, su respuesta a los medios disponibles de atención a la diversidad y el resultado del tratamiento seguido. Si no importa que el resultado sea pésimo, ¿cuál es el espíritu de semejante política? Una vez que los esfuerzos puestos en juego han fracasado en un caso concreto –lo que es normal que ocurra a veces, ya que la variedad de condiciones de los chicos y chicas admite todos los grados y las medidas aplicables en un Centro ordinario son en cambio limitadas–, la insistencia en la misma receta, sin escapatoria posible, no es una cuestión de principios por parte de la Administración, sino de indiferencia y desaprensivo ahorro de recursos.

En efecto, cualquiera puede comprender que, llegados al punto en que un adolescente no atiende a indicaciones de nadie en su instituto, ni de los profesores ni del Equipo de Orientación ni del Equipo Directivo, cuando lo mismo se niega a entrar en un aula que a salir de ella (y por supuesto, a abandonar la actitud de entorpecimiento y desafío), se empeña en marcharse del Centro cuando le apetezca, sin que se le pueda retener más que por la fuerza, y mientras tanto deambula por los pasillos amenazando o insultando a quien se cruce con él, declarar que el Centro debe aplicar “las medidas de atención a la diversidad apropiadas al caso”, para mantenerlo escolarizado seis horas diarias en una u otra aula, es una pura exhibición de cinismo, una muestra sórdida de desinterés por el proceso educativo de todos, y en primer lugar, del muchacho que presenta esos niveles de alteración de la conducta.

Es entonces cuando los educadores tenemos que exigir a la Administración que cumpla con su deber de velar por la seguridad de todos los menores, y de dar el tratamiento adecuado, de salud y de educación, a los alumnos cuya atención desborda las posibilidades de un Centro de enseñanza ordinario. Debe ofrecer a estos una fórmula de escolarización alternativa, en la línea de las aulas de transición cuya puesta en funcionamiento anunció a bombo y platillo hace ya tiempo. Es razonable que exista un servicio de evaluación de los casos propuestos por los Centros, integrado por profesionales que no sigan consignas de ahorro de gasto a toda costa; pero ese servicio ha de actuar con la máxima celeridad, y hasta que los especialistas asuman la responsabilidad de una decisión basada en criterios psicopedagógicos, se deberán arbitrar medidas provisionales conforme al dictamen del Departamento de Orientación que ha examinado y conoce el caso.

En lugar de eso, nos encontramos con una Administración que ni se molesta en considerar los informes, que responde a las solicitudes de intervención urgente con la primera ocurrencia del destinatario de la petición de ayuda, quien se limita a contestar por teléfono, nunca por escrito, eludiendo así poner su firma debajo de la respuesta temeraria que no va más allá de que nos las arreglemos como podamos. Pues bien, no porque la Administración se desentienda de sus obligaciones vamos a hacer también nosotros dejación de nuestra responsabilidad, tanto con los alumnos que necesitan un tratamiento que en la escuela ordinaria es imposible darles, como con todos los demás, que se ven afectados, en su aprendizaje y en su convivencia, por la existencia de una situación fuera de control, aunque solo sea una y estalle en episodios esporádicos (pero de consecuencias imprevisibles).

Por ello, conscientes de que este problema se da en una medida similar en la gran mayoría de los Centros públicos, vamos a poner en conocimiento del Diputado del Común la desatención, la desescolarización en la práctica –disfrazada de escolaridad normalizada– de aquellos alumnos que necesitan una atención especial, urgente y decisiva para que su proceso educativo no se malogre de modo irremediable. Y a la vez, si la Administración persiste en la actitud de no querer saber nada del asunto, de no dar ninguna respuesta satisfactoria a las peticiones sobre casos concretos que le hemos hecho llegar, y más bien amenazar a los Centros que no quieran hacerse cómplices del ocultamiento de una realidad que para ella no existe, nos plantearemos la adopción de otras formas de denuncia y exigencia de soluciones, para las que esperamos contar con el apoyo de los sectores del profesorado, y del resto de la comunidad educativa, sensibles a la degradación de la educación pública y a la conculcación de derechos de los jóvenes en situación más vulnerable.

Bienvenidas

Saludos a todas y todos. Este blog nace, en principio, para dejar constancia del cruce de comunicaciones con la administración educativa canaria y el Diputado del Común para que sean atendidos ese reducido pero significativo número de alumnos que, por trastornos graves de personalidad, no aceptan la convivencia en los centros.