Denuncia presentada ante el Diputado del Común

Señor Diputado del Común:

Los profesores y profesoras que firmamos el presente escrito, miembros del Claustro del IES Domingo Pérez Minik, nos dirigimos a usted para exponerle una situación que consideramos de la mayor gravedad y que afecta a los derechos de algunos de nuestros alumnos y alumnas, así como –estamos seguros– a los de muchos otros de diferentes Centros de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De hecho, en una reunión de Claustro celebrada con anterioridad, aprobamos y decidimos enviar a todos los demás Centros de Canarias un documento en el que analizábamos este mismo problema y anunciábamos el propósito de trasmitirlo a la institución que usted representa, y semanas después pudimos constatar que diversas instancias se habían hecho eco de nuestro planteamiento –en concreto, varios sindicatos, y también el Claustro y el Consejo Escolar del IES Antonio González González, cuyos integrantes manifestaron su adhesión unánime al texto remitido–, lo que nos confirma en la idea de que amplios sectores del profesorado comparten la preocupación por la situación que denunciamos.

Se trata del abandono al que se ven condenados, en el plano educativo y en el más amplio de su desarrollo integral, desde la salud a las expectativas sociales de todo tipo, unos niños y adolescentes que presentan problemas de conducta con profundas raíces de carácter familiar y a menudo de trastorno psicológico. La cuestión clave es que el tratamiento diseñado para ellos en los Departamentos de Orientación de los Centros no solo queda desnaturalizado por los ajustes que impone la falta de medios (la manifestación más escandalosa de esto es que, en función del número de horas disponibles de atención personalizada, alumnos que necesitan esa atención son asignados a aulas de currículo ordinario indiscriminadamente, en todas las horas restantes, como un puro relleno de jornada al margen de cualquier línea de tratamiento), sino que en algunos casos se salda con un fracaso completo, porque las necesidades específicas del muchacho han de abordarse con otra clase de fórmulas, y entonces, sencillamente, la Administración no ofrece alternativa alguna. Para todos estos casos, el único destino de los escolares es su desahuciamiento educativo y social.

A la primera dificultad grave, inabordable con los recursos insuficientemente especializados de un Centro de Secundaria ordinario, quedan desahuciados para siempre. Eso sí, de un modo nada ostensible, sin declaraciones expresas, en la penumbra: mientras que no se pone en juego ni un solo recurso adicional para reconducir su comportamiento y restablecer sus oportunidades de integración –recursos que pasarían por una adaptación a un sistema de normas hecha más desde la base, con alicientes adecuados a sus condiciones vitales de ese momento, en Centros de características específicas donde se desarrollase una etapa transitoria de su proceso educativo–, se despliega una fronda de artificios capaces de mantener el problema discretamente escondido a la opinión pública.

Tales artificios consisten en una variada gama de componendas para que el alumno muy conflictivo desaparezca distraídamente de las aulas: un poco escabulléndose por los pasillos, otro poco con dosis elevadas de absentismo, y el resto alternando ásperos altercados con expulsiones de varios días, a lo que hay que sumar el tiempo que se gana entre expedientes disciplinarios, sanciones de traslado a otro Centro y periodos muertos mientras se tramitan las sucesivas escalas de su peregrinación por varios institutos. Es la certeza inapelable de que la Administración está cerrada a cualquier posibilidad de solución verdadera lo que termina alentando a todas las partes –alumno, familia, educadores y autoridades– a una complicidad en el disimulo. Por extraño que pueda parecer, se logra que trascurran años enteros sin haber hecho frente a las necesidades de estos alumnos, sobrellevando la extorsión brutal que generan en la convivencia y el aprendizaje mientras su situación personal se va degradando de día en día, pero sin que el asunto llame demasiado la atención: el milagro de la invisibilidad tiene un solo secreto, que todos saben que los demás tampoco quieren ver.


Habría que distinguir a los alumnos con trastornos generalizados de desarrollo, que están atendidos en los Centros específicos o en las Aulas Enclave en los Centros ordinarios, dotados de recursos extraordinarios (cuidadores, profesores de Educación Especial), de otro sector de población, que creemos importante, de niños y adolescentes con diversos trastornos, como el trastorno por déficit de atención, trastornos disociales, trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria, etc. Estos últimos no se encuentran atendidos, existiendo un gran vacío en el diagnóstico y atención de los mismos.

La conducta perturbadora de este tipo de alumnos, desde el momento en que se incorporan al Centro, se caracteriza fundamentalmente por el desafío constante al cumplimiento de cualquier norma establecida, y prácticamente a cualquier indicación o sugerencia que se les haga; la actitud de desafío es casi invariable hacia todo lo que se pueda entender como autoridad. Cualquier propuesta de trabajo la consideran negativa y solo se logra que trabajen en algunos momentos, de forma puntual y efímera, en actividades propias del aprendizaje. Muestran una total inadecuación al contexto educativo de aula, que hace imposible la interacción docente en el aula ordinaria.

La inadaptación y desarraigo escolar de estos alumnos seguramente se ha consolidado por la falta de una adecuada escolarización. Parece que no han logrado adquirir mecanismos apropiados de relación social, lo que explicaría la conducta desafiante de que hacen permanente gala. Con frecuencia buscan la aceptación de sus iguales presentándose como capaces de enfrentarse a los adultos y a las normas establecidas, y ejercen, de esta manera, todas las funciones propias de un liderazgo negativo.

Es fácil comprender que, si un adolescente no atiende a ningún tipo de indicaciones de nadie en su instituto, se niega lo mismo a entrar en clase que a salir de ella o dejar de interrumpir el trabajo de los demás, se empeña en marcharse del Centro cuando le apetece, sin que se le pueda retener más que por la fuerza, y mientras tanto, deambula por los pasillos amenazando o insultando a quien se cruza con él, su integración en las actividades de su grupo de clase es una entelequia, y hablar de aplicar las medidas previstas de atención a la diversidad, un sarcasmo o una broma de gusto cínico.

Ni el sistema educativo, ni los servicios de protección social, ni la propia familia han podido garantizar la educación plena e integral de este tipo de alumnos en el régimen de escolarización ordinario. Continuar sin ofrecer alternativas para ellos, la postura que proporciona a la Administración más ahorro de recursos, es abocarlos a una situación de abandono escolar de hecho, de desescolarización –la mayor parte del calendario escolar o están expulsados o no asisten a clase– en medio de la hipocresía social y la pasividad de todas las instituciones responsables de la protección y garantía de los derechos de los menores. En una palabra, certifica el fracaso y el maltrato institucional en relación con los más vulnerables de la población socialmente excluida: los menores en situación de riesgo o desamparo.

Le agradecemos la atención que estamos seguros de que prestará a este asunto y que redundará, sin duda, en la mejor protección de los derechos de nuestros niños y jóvenes.

La Laguna, 21 de junio de 2006



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