Comunicación a la Consejería de Educación y Centros de Secundaria de nuestra intención de presentar denuncia ante el Diputado del Común
Denuncia ante el Diputado del Común
Sobre la imposibilidad de integrar a determinados alumnos en las aulas
El claustro de profesores del IES Domingo Pérez Minik desea informar a la comunidad educativa de nuestro Centro, a las comunidades de otros Centros y a las autoridades competentes, del proceso de reflexión, debate y posible adopción de medidas ante un grave problema, quizá de difícil solución por la irresponsabilidad e indiferencia con que se suelen abordar, frecuentemente, los problemas auténticamente humanos.
El origen del problema es la negativa rotunda e incomprensible de la Administración a reconocer la necesidad de fórmulas de escolarización alternativas (y casi siempre temporales) para alumnos que presentan, en una determinada etapa de su desarrollo personal, unas características incompatibles con su integración en el trabajo del aula –sea una de currículo normalizado o de atención a la diversidad– y aun en el marco de convivencia escolar de cualquier Centro ordinario.
No se trata de cuestionar la opción educativa de mantener en un espacio común de convivencia y aprendizaje a alumnos o alumnas con necesidades y aptitudes diferentes, incluso con comportamientos disruptivos, aplicando adaptaciones individuales que permitan a algunos chicos y chicas progresar a su propio ritmo en un entorno diverso e integrador. Esa opción es en sí misma discutible, por el considerable coste que supone en términos de la atención que se resta a la mayoría de alumnos y alumnas, el menor rendimiento de estos y en definitiva la pérdida de oportunidades para bastantes de ellos; pero sus inconvenientes son asumibles en aras del valor social de una educación compensatoria de las carencias familiares u otras dificultades específicas de unos niños y niñas que, en la escuela pública (o concertada, sostenida con fondos públicos), encuentran la posibilidad de normalizar su situación desfavorecida, para acceder a un futuro en igualdad de condiciones con aquellos que no han precisado de un esfuerzo añadido de la sociedad y de ellos mismos.
Lo que carece de sentido es que esa política de integración en un modelo escolar único, básicamente uniforme a pesar de ciertas modulaciones, se instrumente sin límite alguno, sin contemplar excepciones de ninguna clase, sean cuales sean el perfil del alumno, su respuesta a los medios disponibles de atención a la diversidad y el resultado del tratamiento seguido. Si no importa que el resultado sea pésimo, ¿cuál es el espíritu de semejante política? Una vez que los esfuerzos puestos en juego han fracasado en un caso concreto –lo que es normal que ocurra a veces, ya que la variedad de condiciones de los chicos y chicas admite todos los grados y las medidas aplicables en un Centro ordinario son en cambio limitadas–, la insistencia en la misma receta, sin escapatoria posible, no es una cuestión de principios por parte de la Administración, sino de indiferencia y desaprensivo ahorro de recursos.
En efecto, cualquiera puede comprender que, llegados al punto en que un adolescente no atiende a indicaciones de nadie en su instituto, ni de los profesores ni del Equipo de Orientación ni del Equipo Directivo, cuando lo mismo se niega a entrar en un aula que a salir de ella (y por supuesto, a abandonar la actitud de entorpecimiento y desafío), se empeña en marcharse del Centro cuando le apetezca, sin que se le pueda retener más que por la fuerza, y mientras tanto deambula por los pasillos amenazando o insultando a quien se cruce con él, declarar que el Centro debe aplicar “las medidas de atención a la diversidad apropiadas al caso”, para mantenerlo escolarizado seis horas diarias en una u otra aula, es una pura exhibición de cinismo, una muestra sórdida de desinterés por el proceso educativo de todos, y en primer lugar, del muchacho que presenta esos niveles de alteración de la conducta.
Es entonces cuando los educadores tenemos que exigir a la Administración que cumpla con su deber de velar por la seguridad de todos los menores, y de dar el tratamiento adecuado, de salud y de educación, a los alumnos cuya atención desborda las posibilidades de un Centro de enseñanza ordinario. Debe ofrecer a estos una fórmula de escolarización alternativa, en la línea de las aulas de transición cuya puesta en funcionamiento anunció a bombo y platillo hace ya tiempo. Es razonable que exista un servicio de evaluación de los casos propuestos por los Centros, integrado por profesionales que no sigan consignas de ahorro de gasto a toda costa; pero ese servicio ha de actuar con la máxima celeridad, y hasta que los especialistas asuman la responsabilidad de una decisión basada en criterios psicopedagógicos, se deberán arbitrar medidas provisionales conforme al dictamen del Departamento de Orientación que ha examinado y conoce el caso.
En lugar de eso, nos encontramos con una Administración que ni se molesta en considerar los informes, que responde a las solicitudes de intervención urgente con la primera ocurrencia del destinatario de la petición de ayuda, quien se limita a contestar por teléfono, nunca por escrito, eludiendo así poner su firma debajo de la respuesta temeraria que no va más allá de que nos las arreglemos como podamos. Pues bien, no porque la Administración se desentienda de sus obligaciones vamos a hacer también nosotros dejación de nuestra responsabilidad, tanto con los alumnos que necesitan un tratamiento que en la escuela ordinaria es imposible darles, como con todos los demás, que se ven afectados, en su aprendizaje y en su convivencia, por la existencia de una situación fuera de control, aunque solo sea una y estalle en episodios esporádicos (pero de consecuencias imprevisibles).
Por ello, conscientes de que este problema se da en una medida similar en la gran mayoría de los Centros públicos, vamos a poner en conocimiento del Diputado del Común la desatención, la desescolarización en la práctica –disfrazada de escolaridad normalizada– de aquellos alumnos que necesitan una atención especial, urgente y decisiva para que su proceso educativo no se malogre de modo irremediable. Y a la vez, si la Administración persiste en la actitud de no querer saber nada del asunto, de no dar ninguna respuesta satisfactoria a las peticiones sobre casos concretos que le hemos hecho llegar, y más bien amenazar a los Centros que no quieran hacerse cómplices del ocultamiento de una realidad que para ella no existe, nos plantearemos la adopción de otras formas de denuncia y exigencia de soluciones, para las que esperamos contar con el apoyo de los sectores del profesorado, y del resto de la comunidad educativa, sensibles a la degradación de la educación pública y a la conculcación de derechos de los jóvenes en situación más vulnerable.
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